Nota de aviso 54/2023 -7 de diciembre de 2023

• Preferencia de tramitación electrónica introduciendo en el mismo un principio general de tramitación electrónica de los procedimientos regulados en dicho reglamento. Se prevé también la adhesión a plataformas o aplicaciones informáticas creadas, desarrolladas o utilizadas por parte de las administraciones que intervienen en los procedimientos regulados en el reglamento. En este sentido, hay que tener en cuenta que en un mismo procedimiento sancionador o liquidatorio intervienen, como regla general, diversas administraciones, estatales o autonómicas.
• Cooperación entre administraciones. En la medida de lo posible, debe favorecerse el desarrollo de fórmulas de cooperación que faciliten al interesado el seguimiento de los distintos trámites que integran el procedimiento y la realización de los trámites que al mismo corresponden.
• Se modifica también el artículo 22 del Reglamento para aclarar que el cómputo de los términos y plazos establecidos en esta norma, así como el régimen de notificaciones y comunicaciones, deben atenerse también a lo establecido en las normas que se dicten en su desarrollo
• Se incluye una disposición adicional, para establecer un sistema alternativo de notificación para las actas de liquidación o infracción de gran volumen que permite poner a disposición del sujeto interesado el acta de infracción o liquidación de forma más rápida y fiable.

• Se introduce un nuevo artículo 14 bis, con dos objetivos: por un lado, establecer un principio general de funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por medios electrónicos junto con la posibilidad de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y otros órganos, organismos o entidades de la Administración estatal o autonómica desarrollen aplicaciones informáticas dirigidas a la tramitación conjunta de procedimientos administrativos.
• Se establecen como modos habituales de acreditación de la representación el apoderamiento apud acta, otorgado por comparecencia personal o en sede electrónica, así como la inscripción del apoderamiento en el registro electrónico de apoderamientos.
• Se crea el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como medio para facilitar la inscripción de los apoderamientos otorgados para actuar ante el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
• Se articulará la colaboración entre el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las autoridades laborales competentes para tramitar y resolver actuaciones inspectoras o procedimientos iniciados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social titulares de sus propios Registros Electrónicos de Apoderamientos. Las comunidades autónomas podrán utilizar aplicaciones informáticas propias o bien que estas modificaciones puntuales del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social y del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, deberán completarse con disposiciones complementarias que regulen de una manera detallada el modo en que debe materializarse la relación electrónica entre la Administración y el ciudadano ( presentación de escritos, notificaciones y comunicaciones electrónicas, entre otras).

• Empresas que tengan 50 o más trabajadores*
• Con independencia del número de empleados, aquellas empresas que presten servicios en materia de: productos y mercados financieros; prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo; seguridad del transporte; protección del medio ambiente; desarrollen en España actividades a través de sucursales o agentes o mediante prestación de servicios sin establecimiento permanente (art. 10).

• Canales para recibir denuncias que estén diseñados, establecidos y gestionados de una forma segura que garantice que la confidencialidad de la identidad del denunciante y de cualquier tercero mencionado en la denuncia esté protegida, e impida el acceso a ella al personal no autorizado.
• Un acuse de recibo de la denuncia al denunciante en un plazo de siete días a partir de la recepción.
• La designación de una persona o departamento imparcial que sea competente para seguir las denuncias, que podrá ser la misma persona o departamento que recibe las denuncias y que mantendrá la comunicación con el denunciante y, en caso necesario, solicitará a este información adicional y le dará respuesta.
• El seguimiento diligente por la persona o el departamento designados.
• El seguimiento diligente cuando así lo establezca el Derecho nacional en lo que respecta a las denuncias anónimas.
• El plazo para dar respuesta no será superior a tres meses a partir del acuse de recibo o, si no se remitió un acuse de recibo al denunciante, a tres meses a partir del vencimiento del plazo de siete días después de hacerse la denuncia. Pero podría ampliarse a seis cuando sea necesario debido a circunstancias específicas del caso, en particular la naturaleza y la complejidad del objeto de la denuncia, que puedan justificar una investigación larga.
• Información clara y fácilmente accesible, sobre el uso de todo canal interno de información que hayan implantado, así como sobre los principios esenciales del procedimiento de gestión. En caso de contar con una página web, dicha información deberá constar en la página de inicio, en una sección separada y fácilmente identificable (art. 10 de la Directiva (UE) 2019/1937 y art. 25 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero).
• El denunciante debe ser informado de los avances y el resultado de la investigación y debe ser posible pedir al denunciante que proporcione información adicional, aunque no exista ninguna obligación de hacerlo.
• El informante ha de recibir acuse de recibo en 7 días. En caso de confirmar que sea delito hay que dar aviso a la autoridad competente.

• La empresa debe informar cómo acceder al buzón de denuncias
• Protege a todos los trabajadores sin distinción del tipo de contrato.
• Abierto a recepcionar irregularidades, ilegalidades y fraudes (Posibles conductas y comportamientos considerados ilegales en el desempeño del trabajo; presunta gestión lucrativa de recursos de la empresa; situaciones de discriminación o abuso sexual; prácticas de corrupción, robos, fraudes, no dar de alta a un trabajador, contratar falsos autónomos,.....etc.
• Ha de garantizar el anonimato y no ha de ser motivo de irregularidades
• La respuesta tiene un plazo máximo de 3 meses.